Decenas de defensores comunitarios se pararon en los escalones del Tribunal René C. Davidson en Oakland el martes pasado para mostrar su apoyo a la promesa de la Fiscal del Distrito Pamela Price de no acusar a los menores como adultos.
Esta conferencia de prensa siguió a la "trágica muerte" de Jazy y Angel García en 2022 a manos de un joven de 17 años que desde entonces ha permanecido en el sistema de justicia juvenil.
Cynthia Nunes, coordinadora de la campaña de desencarcelación en Urban Peace Movement, explicó: "Será de vital importancia que las organizaciones comunitarias expresen su apoyo a su decisión en este caso", refiriéndose a la decisión de la Fiscal Price de no juzgar al joven - condenado por matar a los niños García - en un tribunal de adultos y la posterior "reacción violenta" que ha recibido la Fiscal Price tras esta decisión.
Lorrain Taylor, fundadora de A 1000 Mothers to Prevent Violence, escribió que después de haber perdido a dos de sus propios hijos por la violencia armada, "El dolor de perder a tus hijos por la violencia es inimaginable".
En su declaración por escrito, Taylor explicó que después de la pérdida de sus dos hijos, comenzó a buscar a otros sobrevivientes de víctimas de homicidio en la zona y descubrió que había "servicios extremadamente limitados" disponibles para ella y otros en posiciones de duelo similares.
Taylor luego fundó "1000 Mothers to Prevent Violence", una "organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar apoyo compasivo y servicios a los sobrevivientes de víctimas de homicidio".
"Como sobreviviente, he tenido que aprender la diferencia entre responsabilidad y castigo. Lo que los sobrevivientes quieren es responsabilidad. Quieren que la persona que dañó a nuestro ser querido asuma la responsabilidad de lo que hizo y tome medidas para reparar el daño", afirmó Taylor en su declaración.
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